Desafío para la densificación en nuestras ciudades

Por: Rodrigo Aravena, Director Comercial de AGS Visión Inmobiliaria.

La integración social en nuestras ciudades es quizás uno de los grandes desafíos de la planificación urbana actual, donde el discurso y la acción deben alinearse detrás de políticas claras y rotundas, que eviten acciones locales confusas y muchas veces contradictorias.


La amplia mayoría de especialistas y ciudadanos entendemos como un imperativo para nuestras ciudades el lograr mayor equilibrio en la distribución territorial de bienes y servicios, donde la igualdad territorial o el derecho a la ciudad sean una forma de desarrollo urbano por definición. Sin embargo, paralelamente, coexisten innumerables grupos de defensa barrial que se transforman (quizás sin quererlo) en detractores del objetivo anteriormente definido.


Lamentablemente, mientras exigimos una ciudad igualitaria y de acceso universal, no podemos eximir de procesos de densificación a aquellos sectores donde la infraestructura pública permite acoger mayor población a la existente.


Recordemos las disputas que hace poco hemos visto en tribunales por parte de juntas de vecinos contra ciertos proyectos residenciales. El caso más icónico; la Comunidad Ecológica de Peñalolén contra la modificación del Plan Regulador de la misma comuna, que permitiría desarrollar proyectos de vivienda social en sus inmediaciones.


Casos como éste, de abierta discriminación, no son poco frecuentes. En muchos de ellos, la discriminación está velada, cubierta de un cuestionable elogio a valores urbanísticos y arquitectónicos de ciertos barrios, calles o viviendas que, de acuerdo con sus residentes, poseen una virtud tal que no es posible permitirse que sean densificados. Ni siquiera a baja escala., mucho menos con vivienda de menor valor que la existente.


Para evitar estos actos, que inevitablemente generan desplazamiento de la demanda, es necesario contar con institucionalidad y recursos para la selectiva protección junto al desarrollo armónico de barrios. En detrimento de la densificación equilibrada, a veces se abusa de tal condición y últimamente se han autodefinido como “típicos” muchos barrios de nuestras ciudades que, sinceramente, no poseen características que justifique conservarlos como tales. Son precisamente dichos barrios o sectores que, favorecidos muchas veces con infraestructura de transporte, segregan y expulsan potenciales desarrollos inmobiliarios. Barrios de Ñuñoa, Las Condes, Providencia o Vitacura, cercanos a estaciones de Metro, no permiten desarrollos superiores a 500 habitantes/hectárea.


¿Es esto justo para una ciudad que necesita acoger de manera urgente más vivienda?


En la medida que más barrios se sigan defendiendo de nuevas edificaciones, seguirán aumentando de valor las centralidades, generándose cada vez más barrios exclusivos y excluyentes, donde la pirámide de mayor ingreso de nuestra sociedad seguirá disfrutando de sus centralidades, absorbiendo la rentabilidad social de la inversión pública, viviendo en casas. Sí, casas, que aún persisten en Santiago, viviendo a pocas cuadras del Metro y de fuentes laborales. Cómo sería vivir en casa en el East side de Manhattan o en alguno de los 10 primeros distritos de París. Algo insostenible ambiental y económicamente.


Este tipo de proteccionismo está permeando las políticas públicas orientadas a la integración social. Aún se mantiene en suspenso el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, quizás en parte por las observaciones y críticas surgidas por grupos de defensa barrial, quienes se oponen a la densificación de sus barrios. Este proyecto de ley, precisamente buscar generar mejores condiciones de acceso a la vivienda social en barrios y zonas de alta accesibilidad. Para ello, la autoridad debe contar con herramientas que le permitan modificar instrumentos de planificación al amparo de proyectos de beneficio social.


Los grupos de defensa barrial están encontrando detractores. En otros países han sido los mismos vecinos aspirantes a vivir en barrios consolidados, quienes se han movilizado y generado el contrapunto. Son los YIMBYs (acrónimo del Yes in my backyard), quienes por ejemplo en algunas ciudades de Estados Unidos, han presionando a legisladores y comunidades locales, a permitirles el acceso a vivienda en barrios otrora protegidos. Han alcanzado tal poder y relevancia, que se han transformado en poderosos impulsores de proyectos de vivienda en barrios anteriormente protegidos y excluyentes, en ciudades como San Francisco, New York o Vancouver.


¿Quizás esta será la próxima tendencia de los grupos de presión para nuestras ciudades?


Al parecer, asistiremos a un conflicto entre comunidades organizadas, tanto por la defensa barrial como por el desarrollo de nuevas viviendas. Polos antagónicos que entrarán en disputa por el derecho a la ciudad. Frente a ello, requerimos una autoridad cuya evaluación de costos locales pondere conforme a los beneficios globales, que es cómo debiesen someterse todas las decisiones urbanas. Y no se sopesan porque no hay quien las pondere. Vivimos en ciudades fragmentadas en decisiones locales y localistas, con poder atomizado, sujeto al clientelismo de sus vecinos electores.


Sin un Estado eficaz en institucionalidad para definir cómo crecer en nuestras ciudades, nos seguiremos enfrentando como ciudadanos, entre los que aspiran a mantener la ciudad como está, y aquellos que buscan residencias centrales a valores idealmente accesibles.



Columna de Opinión publicada en Diario Estrategia