La lentitud de organismos públicos que intervienen en la aprobación de proyectos ha alcanzado niveles escandalosos, y últimamente ha sido tema de opinión pública especializada.
Meses de espera para recibir respuestas a consultas ante organismos del Minvu. Años tramitándose anteproyectos, permisos y recepciones definitivas ante Direcciones de Obras. Esta lentitud y displicencia del agente público se han normalizado y legitimado con total impunidad, frente a los plazos de respuesta que regulan el actuar de organismos públicos.
Las excusas, como se ha leído en prensa, son inverosímiles: déficit de personal, demora por “efectos de la pandemia”, sobrecarga de trabajo, en fin. Ninguna de ellas es admisible. Tanta demora parece ser intencionada en algunos casos, buscando provocar a la contraparte y llevarla al fastidio.
Pocos desarrolladores están dispuestos a llevar estos abusos ante superiores jerárquicos, pues nadie quisiera sostener una tensa relación con su autoridad durante una obra. Prefieren esperar estoicamente sus aprobaciones, antes que transformarse en acusadores de burócratas locales. Así, se instala un lamentable clima de desconfianzas y desincentivo a la inversión privada.
Toda demora redunda en mayores costos para la vivienda. Toda exigencia adicional recarga su valor. Nada en los actos administrativos de una autoridad local es inocuo para los proyectos. Esta desaprensión frente a sus tareas de aprobación de proyectos sólo aumenta la escasez de oferta de viviendas, haciéndolas cada vez más inaccesibles para miles de chilenos.
Rodrigo Aravena A.
Arquitecto, director AGS Visión Inmobiliaria
Carta publicada en Diario Financiero