Por: Rodrigo Aravena A. Arquitecto y Director Comercial de AGS Visión Inmobiliaria
Las últimas semanas, nos hemos informado de dos grandes iniciativas inmobiliarias desistidas por sus propios inversionistas, tras un tormentoso camino judicial que los sostuvo legalmente válidos durante años. Me refiero al megaproyecto inmobiliario Portezuelo, de P&G Inmobiliaria y del Proyecto Alto las Condes II, de Inmobiliaria Cencosud.
Ambos proyectos tienen en común su gran cantidad de metros cuadrados proyectados y por consecuencia, su fuerte impacto urbano sobre las comunidades. En el primer caso, la afectación de un “cerro isla”, que si bien no quedó contemplado dentro de aquellos que el Plan Regulador Metropolitano estableció en el Sistema Metropolitano de áreas verdes, a todas luces correspondía hacerlo por sus condiciones geográficas similares a las que otras áreas de protección ecológica poseen. Ese detalle ha permitido mantener condiciones de edificación vigentes en dicha zona y uno de ellos pertenece al proyecto que empresas P&G pretendía desarrollar.
Por otro lado, en los terrenos de Av. Padre Hurtado con Kennedy, frente al Mall Alto Las Condes, empresas Cencosud adquirió en 2010 dichos terrenos con la promesa sostenida de un permiso de edificación del año 2000, que contenía un enorme complejo de viviendas, comercio y oficinas cuyas alturas alcanzaban 19, 25 y 55 pisos de altura.
Durante todo este tiempo, no se ejecutó obra relevante alguna, el peso de los hechos (y de los tiempos) marcó el destino de este terreno la semana pasada, cuando la propia empresa dueña decidió no prosperar en su pugna judicial y abocarse a desarrollar un nuevo proyecto en base a las normativas actuales del terreno.
Si bien en ambos casos, sus titulares pudiendo extender defensas judiciales y ambientales que los entorpecen, hoy decidieron hacer primar la sensatez, que hoy pareciera transformarse en el principal atributo para las iniciativas inmobiliarias.
El verdadero valor y que permite dar viabilidad a los proyectos inmobiliarios está en darse cuenta del contexto cultural que nos rodea; comunidades más presentes e interesadas en lo que acontece a su alrededor y autoridades atentas a procurar el bien común, más que favorecer la inversión a secas. Ese es el nuevo contexto inmobiliario de Chile y que los involucrados en esta industria debemos asumir.
Estos casos son ejemplos de que hoy la aparente legalidad de los proyectos inmobiliarios no es razón suficiente para decidir su inversión. Más allá de ello, deben existir propósitos, justificaciones y beneficios validados por autoridades y comunidad.
Necesitamos estudiar escenarios de riesgo y amenazas, que permitan identificar a través de evaluaciones multicriterio el potencial de desarrollo de un megaproyecto. Los grandes proyectos que saldrán adelante, deberán cumplir un doble propósito: La legalidad para las autoridades y la legitimidad frente a las comunidades.
Columna publicada en El Diario Inmobiliario
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